Denuncian “irregularidades” en la comisión binacional que administra el Río Uruguay

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional encargado de la gestión compartida del río que divide a la Argentina y Uruguay, quedó sumida en una serie de denuncias por presuntas irregularidades administrativas y financieras que salpican, en realidad, a los delegados argentinos.

Según documentación en poder de los delegados orientales, que viene siendo publicada en diarios entrerrianos y que también fue enviada a Clarín, se se reflejan las molestias uruguayas por una serie de conflictos que, como mínimo, son considerados irregularidades.

El primero apunta a la delegación argentina, a la que se le cuestiona que, pese a haber sido nombrada “ad honorem” por el gobierno de Javier Milei en el marco del plan de ahorro y “motosierra”—es decir, que sus integrantes cobran sus sueldos originales en los cargos que ocupaban y se desempeñan en la CARU sin remuneración—, cobren y reclamen gastos de representación que ascenderían a unos 8.000 dólares por delegado.

Pero además, lo que más malestar generó en torno al manejo de la “caja” de la CARU —históricamente opaca y objeto de denuncias de uno y otro lado por el volumen de gastos comparado con el nivel de dedicación de quienes representan a los Estados, basta con recordar los escándalos que surgieron durante el conflicto bilateral por las Pasteras— es que, pese a que la Argentina se quedó con cuatro delegados tras la renuncia de uno, pretenden seguir cobrando el monto total correspondiente a cinco. Ello sin rendir cuentas sobre por qué se debe pagar un total de cinco integrantes cuando realmente cuatro. Ese monto asciende a casi 50.000 dólares mensuales.

Funcionarios uruguayos elevaron notas oficiales informando esos pedidos y expresando su preocupación por el uso discrecional de los fondos y por la falta de criterios claros y consensuados en la asignación de esos gastos, en un ente que, por su naturaleza binacional, requiere decisiones acordadas entre ambas partes. La situación también movilizó a los diputados opositores en la Argentina, donde evalúan hacer un pedido de informe sobre la situación.

Según consta en el Boletín Oficial, la delegación argentina estaba integrada por Luis Montero, su presidente, y por los delegados Francisco Mansanta; Agustina Piñeiro, (todos de origen político) y la diplomática de carrera de la Cancillería, María Laura Ojeda (aún no llegó al rango de embajadora) además de Ingrid Jetter, quien renunció en julio de 2025 para incorporarse al Ministerio de Seguridad. Todos ellos fueron designados “ad honorem”, lo que implicaba que continuaran percibiendo sus salarios en sus organismos de origen, y que, por definición, quedaran excluidos de la percepción de gastos de representación financiados por la CARU, según la interpretación que se hizo del asunto y que Clarín intentó sin éxito dilucidar con voceros oficiales. Afirman que Ojeda manifestó incomodidad con los pedidos de los otros delegados argentinos, pero este diario no lo pudo confirmar con ella al derivar la consulta a los voceros.

Sin embargo, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso Clarín, en una nota de la CARU correspondiente a noviembre de 2025 quedó por escrito un proyecto de resolución que reconoce la existencia de montos percibidos por los delegados de la Comisión —argentinos y uruguayos— en concepto de “gastos de representación”. En Uruguay, la figura del “ad honorem” no está establecida, pero en la Argentina fue una decisión adoptada por el actual Gobierno. Incluso el equipo de Diana Mondino, ex canciller, había trabajado sobre bases destinadas a dar mayor transparencia y reducir gastos, algo que ahora parecería ir en sentido contrario.

En esa nota de noviembre de 2025 se dejó asentado que la delegación argentina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto solicitó a la Comisión, mediante la Nota CARU N° 93/24, que los importes correspondientes al rubro Gastos de Representación, que correspondería percibir a la totalidad de los integrantes, “se depositen en la cuenta N° 0122773 del Banco de la Nación Argentina, con sede en Montevideo, cuya titularidad es de la delegación argentina”.

En el texto, los argentinos recordaron que, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto, son cinco los integrantes de la Comisión por cada parte, pese a que la Argentina lleva meses funcionando con cuatro. Y sostuvieron que, “en el marco de la contención del gasto establecido por el Gobierno argentino, la Delegación Argentina estima necesario que, sin perjuicio de la cantidad de delegados que se encuentren designados por su Gobierno, sean depositados en la cuenta mencionada en el considerando II los gastos de representación de los cinco delegados que la componen, a fin de afrontar gastos de funcionamiento de la misma”.

El proyecto de resolución —que los uruguayos no aceptaron tratar, según pudo saber Clarín— establecía en su artículo primero “depositar los gastos de representación de los cinco delegados que componen la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay en la cuenta N° 0122773 del Banco de la Nación Argentina”.

Los argentinos son cuatro. Los uruguayos cobran por delegado y no de manera global.

Otra comunicación formal de la delegación uruguaya advierte sobre un pedido de financiamiento presentado por representantes argentinos para una obra vial del lado entrerriano, con un costo estimado en 15 millones de dólares, según reflejan los diarios entrerrianos El Telégrafo y El Argentino.

Las obras solicitadas por la delegación argentina estarían focalizadas sobre la Ruta Nacional 136, que, según los vecinos, se encuentra en un “estado calamitoso” y es epicentro de los últimos accidentes fatales. Se trata de una de las rutas que conecta al territorio nacional con Uruguay —Gualeguaychú con Fray Bentos— y el pedido argentino aludía, con fondos de la CARU, a la “repavimentación de calzada, de banquinas y recaudación de intersección con la Ruta Provincial 42”, además de la “conservación y mantenimiento” de la traza.

Los uruguayos, según indicaron fuentes consultadas, dijeron que no. Argumentaron que la solicitud contradice el espíritu y las normas de la CARU, un organismo habilitado exclusivamente para financiar obras de carácter compartido, y no proyectos de infraestructura que beneficien a una sola de las márgenes del río. “Es como si nosotros les pidiéramos plata a la CARU para que nos arreglen la Avenida de las Américas”, señalaron. “La CARU no es un banco de obras nacionales”, deslizó una fuente cercana a la delegación uruguaya.

Las tensiones se producen en un contexto en el que Argentina y Uruguay han reducido su habitual diálogo bilateral. La embajada en Montevideo, hoy conducida por Alan Beraud, solía ser epicentro de una intensa actividad diplomática, y lo mismo ocurría en Buenos Aires, donde la relación está a cargo de Diego Cánepa. Actualmente, nadie comunica con claridad cuáles son los entendimientos en materia ambiental, de navegación e infraestructura, ejes que históricamente han sido sensibles en la relación bilateral.